Cuba, cinco años después del 11J: una isla exhausta entre apagones, crisis económica y mayor control político

El lunes 6 de julio Cuba volvió a quedarse completamente a oscuras tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se trata del tercer apagón general de 2026 y del octavo desde octubre de 2024, una secuencia que refleja el agravamiento de una crisis energética que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural.

Antes incluso del colapso, la mayor parte del país ya sufría cortes programados que superaban las 20 y 30 horas, especialmente fuera de La Habana. El régimen cubano reconoce que la generación eléctrica continúa muy por debajo de la demanda debido al deterioro de las termoeléctricas, la falta de combustible y las dificultades para importar petróleo.

Reuters explicó que el sistema eléctrico llevaba meses funcionando al límite y que, al momento del colapso, buena parte de la isla ya se encontraba sin servicio eléctrico.

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La electricidad ya no es el problema: es el reflejo de una crisis sistémica

La crisis energética es hoy el mejor indicador del deterioro general del país.

Los apagones afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana: la conservación de alimentos, el bombeo de agua, el funcionamiento de hospitales, el transporte público; las telecomunicaciones y claramente, la actividad económica.

Associated Press señala que la reducción de las reservas de combustible y el envejecimiento de la infraestructura eléctrica han obligado incluso a cancelar procedimientos médicos y limitar numerosos servicios públicos.

Mientras tanto, medios independientes como Diario de Cuba o ADN Cuba llevan meses documentando una realidad mucho más amplia: largas colas para conseguir alimentos, escasez de medicamentos, problemas de abastecimiento de agua y una inflación que continúa deteriorando el poder adquisitivo de la población.

No se trata únicamente de una crisis eléctrica. La electricidad se ha convertido en el punto donde confluyen prácticamente todas las demás crisis del país.

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Junio dejó una señal clara: aumenta el descontento social

Durante las últimas semanas se ha producido un incremento visible de las protestas locales.

Los motivos son diversos —apagones, falta de agua, escasez de alimentos o combustible—, pero todos responden al mismo fenómeno: el agotamiento social.

La plataforma Justicia 11J contabilizó 220 protestas públicas durante junio, mientras que Cubalex, otra organización que se dedica a revisar la situación de derechos humanos en la isla, documentó decenas de detenciones arbitrarias relacionadas con manifestaciones y acciones de protesta.

En varias localidades se registraron cacerolazos, bloqueos espontáneos de calles, protestas vecinales y consignas políticas como "Libertad" o "Abajo la dictadura".

Aunque ninguna de estas manifestaciones alcanzó la dimensión nacional del 11J de 2021, sí muestran un patrón cada vez más frecuente: protestas pequeñas, descentralizadas y difíciles de anticipar.

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La narrativa oficial y las causas estructurales

La crisis que atraviesa Cuba es el resultado de un deterioro económico acumulado durante años, que hoy parece no encontrar una vía de recuperación. La producción nacional continúa deprimida, el turismo aún no recupera los niveles previos a la pandemia (y ha ido prácticamente a cero) y el oficialismo dispone de cada vez menos divisas para importar combustible, alimentos y materias primas.

A ello se suma la emigración masiva de los últimos años, que ha reducido la fuerza laboral disponible y ha incrementado la dependencia de las remesas enviadas desde el exterior. El resultado es un círculo vicioso en el que la caída de la producción limita los ingresos del país, reduce la capacidad de importar bienes esenciales, profundiza la escasez y agrava problemas como los apagones, alimentando a su vez el descontento social.

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Desde La Habana la élite castrista sostiene que buena parte de esta situación responde al endurecimiento del embargo estadounidense y a las dificultades para acceder a combustible en los mercados internacionales, así como a la reducción de los suministros procedentes de aliados tradicionales como Venezuela. Sin embargo, numerosos economistas y analistas coinciden en que esas presiones externas se combinan con problemas estructurales que preceden a la coyuntura actual: décadas de insuficiente inversión en infraestructura, un parque termoeléctrico obsoleto, escasa diversificación de la matriz energética, baja productividad, una economía fuertemente centralizada y una capacidad financiera cada vez más limitada para afrontar el mantenimiento de los servicios básicos.

Más que la consecuencia de un único factor, la crisis cubana responde a la convergencia de condicionantes externos e internos que se han retroalimentado durante años. Esa combinación explica por qué los apagones ya no pueden entenderse como incidentes aislados o temporales, sino como la expresión más visible de un modelo económico y energético sometido a una presión creciente y con cada vez menos margen para responder a las necesidades de la población.

Cinco años después del 11J

Cinco años después de las manifestaciones que cambiaron la historia reciente de Cuba, el país enfrenta un escenario diferente, pero no necesariamente más estable.

La capacidad del Estado para controlar la protesta continúa siendo alta, pero también lo es el nivel de desgaste económico y social.

El apagón nacional del 6 de julio simboliza esa paradoja: mientras el régiemen mantiene intacto su aparato de control político, pierde cada vez más capacidad para garantizar el funcionamiento básico del país.

A pocos días de un nuevo aniversario del 11J, la pregunta ya no es únicamente si habrá nuevas protestas. La cuestión de fondo es cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que convive de forma permanente con apagones, escasez, emigración masiva y un creciente deterioro de las condiciones de vida.