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VOZ

Grassley publica datos que muestran que la Administración Biden colocó a más de 10.000 niños migrantes con patrocinadores no aprobados

La administración Trump proporcionó a Grassley la información como parte de su investigación y solicitudes de supervisión, que fueron en gran parte ignoradas o bloqueadas por la administración anterior.

Chuck Grassley, during a Senate hearing

Chuck Grassley, durante una comparecencia en el SenadoAFP.

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El presidente del Poder Judicial del Senado, Chuck Grassley, dio a conocer el lunes nuevos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que confirmaron su preocupación de que la Administración Biden colocó a más de 10.000 niños migrantes con patrocinadores no verificados.

La Administración Trump proporcionó a Grassley la información como parte de su investigación y solicitudes de supervisión, que fueron en gran medida ignoradas o bloqueadas por el Gobierno anterior.

Los datos encontraron que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, desde enero de 2021 hasta enero de 2025, colocó a 11.488 niños migrantes no acompañados con patrocinadores no verificados que no eran sus padres o tutores legales. Durante ese mismo período, el departamento también se negó a realizar estudios de hogar para más de 79.000 niños migrantes menores de 12 años, incluso en hogares donde se recomendó un estudio.

"Mi supervisión sigue sacando a la luz pruebas inquietantes de que la Administración Biden-Harris hizo la vista gorda ante decenas de miles de niños que necesitaban supervisión y cuidados adecuados", dijo Grassley en un comunicado. "Es atroz priorizar la velocidad y la óptica sobre la seguridad y el bienestar de los niños. Aprecio los esfuerzos de la Administración Trump para deshacer el daño causado por las políticas fronterizas fallidas de la última administración, y continuaré mi supervisión del tema para garantizar que un abuso como este nunca vuelva a ocurrir."

La Administración Trump se ha movido desde entonces para reformar el programa de menores no acompañados, incluyendo el lanzamiento de una iniciativa interinstitucional y una investigación en febrero sobre las sospechas de fraude y tráfico del programa.

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